Acceso a Justicia
Acceso a Justicia para Personas Migrantes y Refugiadas
En seguimiento a los mandatos de las Reglas de Brasilia, Conamaj se encuentra trabajando actualmente en colaborar con la aplicación y seguimiento de la política de acceso a justicia para personas migrantes y refugiadas.
En el marco de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en el año 2008, fueron aprobadas las “Reglas de Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, en las cuales se engloban un conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que orientan los compromisos de los poderes judiciales de Iberoamérica para propiciar el pleno y efectivo acceso a los servicios del sistema judicial.
El Poder Judicial Costarricense ha delegado en la Comisión de Accesibilidad la tarea de dar seguimiento a la implementación de las Reglas y velar por su cumplimiento con las diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Para avanzar en la ejecución de dichas Reglas se conformaron grupos de trabajo responsables de las diferentes poblaciones. En materia de población migrante y refugiada, la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) es la instancia encargada de avanzar hacia el desarrollo de estas iniciativas en la institución.
Política Institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada
La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) se encuentra realizando una serie de actividades desde el año 2008 para poder elaborar una política de acceso a justicia para la población migrante y refugiada habitante en nuestro país.
Después de pasar por varios diagnósticos, investigación y validaciones, para el 2010 se logró contar con un documento que contiene la propuesta de política de acceso a justicia para esta población, la cual parte del reconocimiento de un contexto complejo y multidimensional y establece los principales lineamientos y orientaciones que deben asegurar que ese acceso sea efectivo, con independencia de su situación migratoria y las causas que definen el desplazamiento migratorio entre cualquier Estado y el Estado Costarricense.
Con esta política se pretende coadyuvar con el cumplimiento a una serie de instrumentos y tratados internacionales que establecen el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas e incorporar los compromisos asumidos con la aprobación de las Reglas de Brasilia para garantizar el acceso a la justicia por parte de estas poblaciones.
Esta propuesta se llevó a Corte Plena y fue aprobada en Sesión No. 32-10 del 8 de noviembre de 2010. Actualmente se encuentra conformado un grupo de trabajo llamado Subcomité de Migración, el cual es el encargado de aplicar la política. El Subcomité está conformado por representantes del más alto nivel de las diferentes instancias y órganos del Poder Judicial, gobierno central y sociedad civil, y se encuentra bajo la coordicación de la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda.
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