Para garantizar una institución abierta a prácticas más participativas, democráticas e inclusivas de la ciudadanía es fundamental realizar acciones de sensibilización, capacitación y comunicación tanto con la población judicial como con las comunidades. Esto porque la inclusión ciudadana debe generarse en dos vías: desde lo institucional y desde la ciudadanía.

En este sentido, el Programa de Participación Ciudadana requiere la contratación para realizar un proceso de capacitación en materia de participación ciudadana, el cual permita forjar las bases que se requieren para generar un cambio en la institución y en la sociedad civil.

Para conocer los términos de referencia de esta contratación haga clic aquí.

El hecho de que una persona carezca de documentos considerados “idóneos” por las autoridades judiciales, es un obstáculo importante para que las personas migrantes puedan acceder a las instancias judiciales, en búsqueda de la protección de sus derechos fundamentales básicos. El problema adquiere aún más gravedad al tratarse de materias tan sensibles como la violencia doméstica y las pensiones alimentarias, donde las mujeres son las principales víctimas.

Por esta razón el Subcomité de Migración y Refugio del Poder Judicial, con el apoyo de Conamaj, presentaron una serie de recomendaciones ante el Consejo Superior, con el fin de que se convirtieran en la primera directriz especializada que diera una orientación y herramienta práctica al personal judicial para garantizar el acceso a la justicia de esta población tan vulnerable.

El pasado 10 de abril en la Sesión No. 35-13, el Consejo Superior acoge estas recomendaciones. Les compartirmos el acuerdo íntegro en el siguiente archivo.

Acuerdo del Consejo Superior sesión No. 35-13